07 de noviembre de 2013
Presupuesto 2014 para educación superior en riesgo, calidad, competitividad y crecimiento: ANUIES
De la redacción
Campus Milenio. - México.
Ante los retos y problemas que pueden enfrentar las instituciones de educación superior de carácter público como consecuencia de la propuesta de presupuesto 2014, miembros del Consejo Editorial de Campus analizaron e intercambiaron puntos de vista, y las siguientes son algunas de sus conclusiones.
A lo largo de más de sesenta años, la ANUIES ha propuesto a los diferentes gobiernos de la República políticas, estrategias y acciones para el fortalecimiento de la educación superior del país. El financiamiento ha sido uno de los temas recurrentes que han ocupado la agenda de la Asociación a lo largo de su historia.
En los últimos tres lustros, ante las cambiantes condiciones políticas y la emergencia de nuevos retos y desafíos de la educación superior —entre los cuales puede mencionarse la expansión y diversificación educativa en los niveles medio superior y superior, la creciente demanda de ingreso, la desconcentración territorial de la oferta y el reclamo social por el mejoramiento de la calidad—, la ANUIES ha mantenido interlocución con las autoridades educativas federales para revisar y mejorar los esquemas de financiamiento a la educación superior y avanzar en la resolución de los problemas presupuestales que enfrentan las universidades públicas. Asimismo, con diversas instancias del Congreso de la Unión, principalmente con las cinco últimas Legislaturas de la Cámara de Diputados, la ANUIES ha presentado propuestas para contar con una política de financiamiento de la educación superior con visión de estado que dé certidumbre y sustentabilidad al desarrollo de las universidades en el largo plazo.
Una de las propuestas presentadas recientemente es la realización de reformas jurídicas que abran la posibilidad de establecer presupuestos plurianuales, con el propósito de dar certidumbre financiera a todas las instituciones públicas de educación superior para el desarrollo de los proyectos académicos establecidos en sus planes de desarrollo institucional, y con ello evitar la negociación anual a nivel federal y estatal que desgasta a las universidades.
En el inicio de una nueva administración federal, la reflexión sobre el financiamiento de la educación superior adquiere nueva relevancia, máxime cuando la reforma educativa recientemente aprobada estará acompañada de modificaciones en el esquema de transferencia de recursos federales a la educación básica y normal, tal como se plantea en las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal.
La errática evolución que ha observado el financiamiento de la educación superior en los últimos doce años, es un indicio de la necesidad de modificar el esquema de financiamiento público vigente.
Durante los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón el presupuesto federal ejercido en educación superior, el cual comprende los recursos de las subfunciones de educación superior y de posgrado de los diferentes ramos presupuestales del Presupuesto de Egresos de la Federación, pasó de 31,559 mdp a 102,500 mdp. Al deflactar las cifras a fin de contrastarlas en términos reales, tenemos que en el período el presupuesto federal ejercido tuvo una variación del 76 por ciento, pero con una dinámica distinta en cada gobierno: en el primero el crecimiento fue de 22 por ciento y en el segundo del 44 por ciento, es decir, que de 2007 a 2012 se duplicó el ritmo de inversión.
Sin embargo, poco dicen estas variaciones sin tomar en cuenta la dinámica de expansión del sistema público de educación superior, pues la evolución del financiamiento tiene que analizarse en relación con los costos en la operación de las universidades. Un indicador frecuentemente utilizado y de fácil medición, es el gasto federal por alumno, que compara en un período de tiempo dado la variación presupuestal y la variación en la matrícula pública atendida por el sistema.
Con las cifras reportadas en el Primer Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y en otras fuentes de la SEP, en el año 2000 se tuvo una matrícula pública escolarizada de educación superior (sin contar la educación normal que se financia a través del Ramo 33 y no se contabiliza en el gasto federal de educación superior) de poco más de un millón doscientos mil alumnos, cifra que en 2012 alcanzó poco más de dos millones. El crecimiento fue de 68 por ciento, ocho puntos porcentuales menos que el crecimiento del presupuesto federal, lo que hizo mejorar el indicador gasto federal por alumno, al pasar de 48 mil 835 pesos a 51 mil 248 pesos. En otras palabras, por cada alumno matriculado en la modalidad escolarizada en 2012, a precios de 2013, se ejercieron 2 mil 400 pesos más que en el año 2000. Buena noticia.
Pero no tan buena si vemos lo inconstante en la evolución por sexenio: de 2000 a 2006 la matrícula atendida fue ligeramente superior al crecimiento presupuestal, por lo que el indicador gasto federal por alumno disminuyó 3.2 por ciento, mientras que en el siguiente sexenio el gasto superó al crecimiento de matrícula, con una variación del indicador del 8.4 por ciento. Resulta preocupante encontrar saltos poco explicables, cuando lo esperado sería que el presupuesto acompañara a la dinámica de expansión y diversificación de la educación superior pública. Al analizar el comportamiento del indicador de gasto federal por alumno año con año, se concluye que ha tenido una evolución errática, ya que ha pasado de una variación positiva en los dos primeros años del gobierno de Fox, seguido de dos años de disminución, con un quinto año positivo y un fin de sexenio negativo; nuevamente: recuperación los primeros tres años del sexenio de Calderón, seguidos de caídas en los tres años restantes de esa administración.
Estas inconsistencias se repiten cuando se revisan los presupuestos destinados a cada una de las instituciones, a los distintos subsistemas (universidades federales, universidades públicas estatales, universidades tecnológicas, universidades politécnicas y universidades interculturales) y a los distintos programas y fondos de financiamiento extraordinario.
Como ha sido ampliamente documentado en Campus, estos últimos fondos han constituido una herramienta de política pública para la realización de transformaciones en las universidades públicas. Si bien estos fondos han tenido importantes efectos en el mejoramiento de la calidad, la ampliación de la oferta y la resolución de problemas estructurales, entre los cuales sobresalen los derivados de los sistemas de pensiones y jubilaciones de las universidades públicas estatales, se ha carecido de una política de financiamiento público, tanto en la federación como en las entidades federativas, para hacer sostenible el desarrollo de las instituciones a largo plazo.
Se identifican dos problemas centrales en este tipo de fondos de financiamiento: primero, su carácter no regularizable, lo que impacta desfavorablemente para la operación regular de universidades que han apostado al mejoramiento de su perfil académico (mejores profesores, acreditación de sus programas educativos, modernización de aulas, talleres y laboratorios, construcción de nuevos espacios educativos, presencia en más regiones del país e innovación tecnológica); segundo, la incertidumbre anual sobre el presupuesto que se les destinará e, incluso, sobre su continuidad.
A lo largo del período se vivieron diversas situaciones con relación a estos fondos de financiamiento: de dos fondos existentes en 2000 (FOMES y PROMEP), se pasó a más de una decena por decisiones tomadas en la Cámara de Diputados principalmente en la LX Legislatura, y a su posterior reagrupación. Una lógica imperante fue que el Ejecutivo recortara los fondos en el proyecto de presupuesto para que la Cámara de Diputados les pusiera dinero, o bien que al agruparse los programas presupuestarios se redujeran sus recursos, como ocurrió en 2011. A propósito de las ampliaciones determinadas por la Cámara de Diputados, cabe señalar que de 2001 a 2012, como resultado de las gestiones realizadas por diversos actores, entre ellos la ANUIES, se obtuvieron más de 63 mil millones de pesos para educación superior.
Otro aspecto que no se puede soslayar es que la administración y ejercicio de los recursos de los fondos de financiamiento extraordinario han estado acompañados de un excesivo proceso de burocratización tanto en la SEP como al interior de las propias universidades, que sin duda se tiene que revisar a la luz de un nuevo esquema de financiamiento.
Para el presupuesto de 2013, al arrancar el gobierno de Enrique Peña Nieto, la formulación del presupuesto no estuvo exenta de problemas. El presupuesto aprobado tuvo un carácter inercial si se compara la variación del presupuesto con la tendencia de la segunda mitad del gobierno de Calderón, pero su comportamiento estuvo muy por debajo del importante repunte presupuestal de 2007 a 2009. Aún más, si se compara el presupuesto federal aprobado por alumno (puesto que no se cuenta con información del presupuesto ejercido en 2013), se estima que tendrá una ligera disminución.
Para el año que corre, el presupuesto de la mayoría de las universidades públicas estatales se vio severamente afectado, al habérseles aplicado solamente la variación del deflactor del PIB de 3.5 por ciento; además, en el presupuesto no se consideraron los recursos para cubrir los incrementos salariales. Fue hasta hace aproximadamente dos meses que la SHCP autorizó ampliaciones líquidas a las universidades para poder cerrar el año sin déficit en este rubro (se dio una ampliación por 1,068 mdp).
Cabe señalar que, tras fijar nuevas reglas entre el Ejecutivo y las principales fuerzas políticas del país representadas en el Congreso, por primera vez en doce años el proyecto que presentó el Ejecutivo no sufrió modificaciones en la Cámara de Diputados, por lo que las insuficiencias del proyecto no pudieron ser corregidas.
En estos días se está discutiendo el presupuesto para 2014, que con la reforma fiscal contará con recursos crecientes. En general, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) otorga un mejor trato a la educación superior que el año previo; las subfunciones de educación superior y de posgrado tienen una variación real del 7.7 por ciento, variación que si bien es superior a la de los últimos cuatro ejercicios fiscales, es inferior a la observada de 2007 a 2009, cuando se tuvo una tasa media de crecimiento anual del 10.8 por ciento.
De acuerdo con el proyecto de PEF, las universidades públicas estatales tendrán un crecimiento importante en el subsidio ordinario, que va del 7 al 14 por ciento, y las tres principales instituciones federales (UNAM, IPN y UAM) del 2.2 por ciento.
Sin embargo, el proyecto de presupuesto afecta a tres fondos de financiamiento muy importantes para las universidades. Para formular el PPEF 2014 en el sector educativo, se realizó una reestructuración de los programas presupuestarios existentes hasta 2013. Este ajuste dejó a 39 programas sin cambio e integró a 72 programas en sólo 19, los cuales constituyen bloques en los que se buscó cierta afinidad temática. Al final, los 19 programas son agrupaciones relativamente homogéneas, en algunos casos incluyen programas de distintos niveles educativos.
Esta nueva estructura programática vino acompañada de una redistribución de los recursos. El monto total programado en 2014 para los programas que atienden el nivel de educación superior presenta una reducción de -1.0 por ciento en términos reales. Este monto reducido se redistribuyó beneficiando a algunos programas y perjudicando a otros. Hay casos en donde las reducciones resultan muy significativas, afectando programas que hasta 2013 han contribuido de manera importante a la ampliación de la oferta de las universidades y al mejoramiento de la calidad de sus programas educativos. Los tres programas afectados son: Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (S245), Programa para el Desarrollo Profesional Docente (S247) y Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (U079); La disminución de recursos presenta diversos riesgos:
Riesgo de frenar la mejora continua de la calidad educativa
Diversos programas que operaron hasta este año, como el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), se integraron al Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas. Para este Programa se propone un monto muy inferior al asignado en 2013, la disminución de 825 mdp afectará a la consolidación de las universidades y se pondrá en riesgo la continuidad en sus esfuerzos de reforma académica que han permitido ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la movilidad social. Actualmente, el 49 por ciento de los alumnos inscritos en instituciones de educación superior públicas cursan estudios en algún programa acreditado, en el caso de las afiliadas a la ANUIES, el porcentaje asciende al 62 por ciento. Aún falta un largo camino por recorrer.
Riesgo de debilitar las acciones para mejorar la capacidad y competitividad académicas de las IES
El Programa para el Desarrollo Profesional Docente, que en el nivel de educación superior sustituye al Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), disminuye sus recursos en 294 mdp. A lo largo de 17 años, el PROMEP ha constituido un instrumento de política pública para la superación del personal académico de las instituciones públicas de educación superior, de manera particular para las universidades públicas estatales. En este período se han dado avances significativos para elevar los niveles de habilitación y mejorar las formas de organización del trabajo académico. Tan solo en los últimos cinco años, hemos logrado pasar de 41.8 por ciento de personal docente de tiempo completo con maestría y doctorado al 46 por ciento. El reto aún es muy grande y se vuelve más complejo ya que pronto enfrentaremos el desafío del relevo generacional debido a que la edad promedio del personal docente está cercana a los 50 años.
Riesgo de limitar el crecimiento de la oferta educativaA lo largo de más de sesenta años, la ANUIES ha propuesto a los diferentes gobiernos de la República políticas, estrategias y acciones para el fortalecimiento de la educación superior del país. El financiamiento ha sido uno de los temas recurrentes que han ocupado la agenda de la Asociación a lo largo de su historia.
En los últimos tres lustros, ante las cambiantes condiciones políticas y la emergencia de nuevos retos y desafíos de la educación superior —entre los cuales puede mencionarse la expansión y diversificación educativa en los niveles medio superior y superior, la creciente demanda de ingreso, la desconcentración territorial de la oferta y el reclamo social por el mejoramiento de la calidad—, la ANUIES ha mantenido interlocución con las autoridades educativas federales para revisar y mejorar los esquemas de financiamiento a la educación superior y avanzar en la resolución de los problemas presupuestales que enfrentan las universidades públicas. Asimismo, con diversas instancias del Congreso de la Unión, principalmente con las cinco últimas Legislaturas de la Cámara de Diputados, la ANUIES ha presentado propuestas para contar con una política de financiamiento de la educación superior con visión de estado que dé certidumbre y sustentabilidad al desarrollo de las universidades en el largo plazo.
Una de las propuestas presentadas recientemente es la realización de reformas jurídicas que abran la posibilidad de establecer presupuestos plurianuales, con el propósito de dar certidumbre financiera a todas las instituciones públicas de educación superior para el desarrollo de los proyectos académicos establecidos en sus planes de desarrollo institucional, y con ello evitar la negociación anual a nivel federal y estatal que desgasta a las universidades.
En el inicio de una nueva administración federal, la reflexión sobre el financiamiento de la educación superior adquiere nueva relevancia, máxime cuando la reforma educativa recientemente aprobada estará acompañada de modificaciones en el esquema de transferencia de recursos federales a la educación básica y normal, tal como se plantea en las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal.
La errática evolución que ha observado el financiamiento de la educación superior en los últimos doce años, es un indicio de la necesidad de modificar el esquema de financiamiento público vigente.
Durante los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón el presupuesto federal ejercido en educación superior, el cual comprende los recursos de las subfunciones de educación superior y de posgrado de los diferentes ramos presupuestales del Presupuesto de Egresos de la Federación, pasó de 31,559 mdp a 102,500 mdp. Al deflactar las cifras a fin de contrastarlas en términos reales, tenemos que en el período el presupuesto federal ejercido tuvo una variación del 76 por ciento, pero con una dinámica distinta en cada gobierno: en el primero el crecimiento fue de 22 por ciento y en el segundo del 44 por ciento, es decir, que de 2007 a 2012 se duplicó el ritmo de inversión.
Sin embargo, poco dicen estas variaciones sin tomar en cuenta la dinámica de expansión del sistema público de educación superior, pues la evolución del financiamiento tiene que analizarse en relación con los costos en la operación de las universidades. Un indicador frecuentemente utilizado y de fácil medición, es el gasto federal por alumno, que compara en un período de tiempo dado la variación presupuestal y la variación en la matrícula pública atendida por el sistema.
Con las cifras reportadas en el Primer Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y en otras fuentes de la SEP, en el año 2000 se tuvo una matrícula pública escolarizada de educación superior (sin contar la educación normal que se financia a través del Ramo 33 y no se contabiliza en el gasto federal de educación superior) de poco más de un millón doscientos mil alumnos, cifra que en 2012 alcanzó poco más de dos millones. El crecimiento fue de 68 por ciento, ocho puntos porcentuales menos que el crecimiento del presupuesto federal, lo que hizo mejorar el indicador gasto federal por alumno, al pasar de 48 mil 835 pesos a 51 mil 248 pesos. En otras palabras, por cada alumno matriculado en la modalidad escolarizada en 2012, a precios de 2013, se ejercieron 2 mil 400 pesos más que en el año 2000. Buena noticia.
Pero no tan buena si vemos lo inconstante en la evolución por sexenio: de 2000 a 2006 la matrícula atendida fue ligeramente superior al crecimiento presupuestal, por lo que el indicador gasto federal por alumno disminuyó 3.2 por ciento, mientras que en el siguiente sexenio el gasto superó al crecimiento de matrícula, con una variación del indicador del 8.4 por ciento. Resulta preocupante encontrar saltos poco explicables, cuando lo esperado sería que el presupuesto acompañara a la dinámica de expansión y diversificación de la educación superior pública. Al analizar el comportamiento del indicador de gasto federal por alumno año con año, se concluye que ha tenido una evolución errática, ya que ha pasado de una variación positiva en los dos primeros años del gobierno de Fox, seguido de dos años de disminución, con un quinto año positivo y un fin de sexenio negativo; nuevamente: recuperación los primeros tres años del sexenio de Calderón, seguidos de caídas en los tres años restantes de esa administración.
Estas inconsistencias se repiten cuando se revisan los presupuestos destinados a cada una de las instituciones, a los distintos subsistemas (universidades federales, universidades públicas estatales, universidades tecnológicas, universidades politécnicas y universidades interculturales) y a los distintos programas y fondos de financiamiento extraordinario.
Como ha sido ampliamente documentado en Campus, estos últimos fondos han constituido una herramienta de política pública para la realización de transformaciones en las universidades públicas. Si bien estos fondos han tenido importantes efectos en el mejoramiento de la calidad, la ampliación de la oferta y la resolución de problemas estructurales, entre los cuales sobresalen los derivados de los sistemas de pensiones y jubilaciones de las universidades públicas estatales, se ha carecido de una política de financiamiento público, tanto en la federación como en las entidades federativas, para hacer sostenible el desarrollo de las instituciones a largo plazo.
Se identifican dos problemas centrales en este tipo de fondos de financiamiento: primero, su carácter no regularizable, lo que impacta desfavorablemente para la operación regular de universidades que han apostado al mejoramiento de su perfil académico (mejores profesores, acreditación de sus programas educativos, modernización de aulas, talleres y laboratorios, construcción de nuevos espacios educativos, presencia en más regiones del país e innovación tecnológica); segundo, la incertidumbre anual sobre el presupuesto que se les destinará e, incluso, sobre su continuidad.
A lo largo del período se vivieron diversas situaciones con relación a estos fondos de financiamiento: de dos fondos existentes en 2000 (FOMES y PROMEP), se pasó a más de una decena por decisiones tomadas en la Cámara de Diputados principalmente en la LX Legislatura, y a su posterior reagrupación. Una lógica imperante fue que el Ejecutivo recortara los fondos en el proyecto de presupuesto para que la Cámara de Diputados les pusiera dinero, o bien que al agruparse los programas presupuestarios se redujeran sus recursos, como ocurrió en 2011. A propósito de las ampliaciones determinadas por la Cámara de Diputados, cabe señalar que de 2001 a 2012, como resultado de las gestiones realizadas por diversos actores, entre ellos la ANUIES, se obtuvieron más de 63 mil millones de pesos para educación superior.
Otro aspecto que no se puede soslayar es que la administración y ejercicio de los recursos de los fondos de financiamiento extraordinario han estado acompañados de un excesivo proceso de burocratización tanto en la SEP como al interior de las propias universidades, que sin duda se tiene que revisar a la luz de un nuevo esquema de financiamiento.
Para el presupuesto de 2013, al arrancar el gobierno de Enrique Peña Nieto, la formulación del presupuesto no estuvo exenta de problemas. El presupuesto aprobado tuvo un carácter inercial si se compara la variación del presupuesto con la tendencia de la segunda mitad del gobierno de Calderón, pero su comportamiento estuvo muy por debajo del importante repunte presupuestal de 2007 a 2009. Aún más, si se compara el presupuesto federal aprobado por alumno (puesto que no se cuenta con información del presupuesto ejercido en 2013), se estima que tendrá una ligera disminución.
Para el año que corre, el presupuesto de la mayoría de las universidades públicas estatales se vio severamente afectado, al habérseles aplicado solamente la variación del deflactor del PIB de 3.5 por ciento; además, en el presupuesto no se consideraron los recursos para cubrir los incrementos salariales. Fue hasta hace aproximadamente dos meses que la SHCP autorizó ampliaciones líquidas a las universidades para poder cerrar el año sin déficit en este rubro (se dio una ampliación por 1,068 mdp).
Cabe señalar que, tras fijar nuevas reglas entre el Ejecutivo y las principales fuerzas políticas del país representadas en el Congreso, por primera vez en doce años el proyecto que presentó el Ejecutivo no sufrió modificaciones en la Cámara de Diputados, por lo que las insuficiencias del proyecto no pudieron ser corregidas.
En estos días se está discutiendo el presupuesto para 2014, que con la reforma fiscal contará con recursos crecientes. En general, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) otorga un mejor trato a la educación superior que el año previo; las subfunciones de educación superior y de posgrado tienen una variación real del 7.7 por ciento, variación que si bien es superior a la de los últimos cuatro ejercicios fiscales, es inferior a la observada de 2007 a 2009, cuando se tuvo una tasa media de crecimiento anual del 10.8 por ciento.
De acuerdo con el proyecto de PEF, las universidades públicas estatales tendrán un crecimiento importante en el subsidio ordinario, que va del 7 al 14 por ciento, y las tres principales instituciones federales (UNAM, IPN y UAM) del 2.2 por ciento.
Sin embargo, el proyecto de presupuesto afecta a tres fondos de financiamiento muy importantes para las universidades. Para formular el PPEF 2014 en el sector educativo, se realizó una reestructuración de los programas presupuestarios existentes hasta 2013. Este ajuste dejó a 39 programas sin cambio e integró a 72 programas en sólo 19, los cuales constituyen bloques en los que se buscó cierta afinidad temática. Al final, los 19 programas son agrupaciones relativamente homogéneas, en algunos casos incluyen programas de distintos niveles educativos.
Esta nueva estructura programática vino acompañada de una redistribución de los recursos. El monto total programado en 2014 para los programas que atienden el nivel de educación superior presenta una reducción de -1.0 por ciento en términos reales. Este monto reducido se redistribuyó beneficiando a algunos programas y perjudicando a otros. Hay casos en donde las reducciones resultan muy significativas, afectando programas que hasta 2013 han contribuido de manera importante a la ampliación de la oferta de las universidades y al mejoramiento de la calidad de sus programas educativos. Los tres programas afectados son: Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (S245), Programa para el Desarrollo Profesional Docente (S247) y Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (U079); La disminución de recursos presenta diversos riesgos:
Riesgo de frenar la mejora continua de la calidad educativa
Diversos programas que operaron hasta este año, como el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), se integraron al Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas. Para este Programa se propone un monto muy inferior al asignado en 2013, la disminución de 825 mdp afectará a la consolidación de las universidades y se pondrá en riesgo la continuidad en sus esfuerzos de reforma académica que han permitido ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la movilidad social. Actualmente, el 49 por ciento de los alumnos inscritos en instituciones de educación superior públicas cursan estudios en algún programa acreditado, en el caso de las afiliadas a la ANUIES, el porcentaje asciende al 62 por ciento. Aún falta un largo camino por recorrer.
Riesgo de debilitar las acciones para mejorar la capacidad y competitividad académicas de las IES
El Programa para el Desarrollo Profesional Docente, que en el nivel de educación superior sustituye al Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), disminuye sus recursos en 294 mdp. A lo largo de 17 años, el PROMEP ha constituido un instrumento de política pública para la superación del personal académico de las instituciones públicas de educación superior, de manera particular para las universidades públicas estatales. En este período se han dado avances significativos para elevar los niveles de habilitación y mejorar las formas de organización del trabajo académico. Tan solo en los últimos cinco años, hemos logrado pasar de 41.8 por ciento de personal docente de tiempo completo con maestría y doctorado al 46 por ciento. El reto aún es muy grande y se vuelve más complejo ya que pronto enfrentaremos el desafío del relevo generacional debido a que la edad promedio del personal docente está cercana a los 50 años.
El proyecto de presupuesto del Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior presenta una disminución de 867 mdp para ampliar la oferta de las universidades públicas estatales, además de las universidades tecnológicas, politécnicas e interculturales, mientras que para la educación media superior incrementa los recursos en este mismo orden de magnitud. Sin duda que ambos niveles educativos requieren de mayores recursos para el alcance de las metas de cobertura propuestas por la actual administración (80 por ciento en educación media superior y 40 por ciento en educación superior).
Aunque la oferta educativa a nivel superior ha registrado avances importantes en los últimos años, tanto en cobertura como en calidad, aún existe una gran proporción de jóvenes entre 19 y 23 años que se encuentra fuera de la educación superior. Una de las razones es la reducida oferta educativa, lo que obliga al Estado a fomentar la ampliación de la cobertura, favorecer la equidad y mejorar la calidad y pertinencia de la educación superior. La matrícula de educación superior en la modalidad escolarizada es de 3.3 millones de alumnos, lo que representa una cobertura del 29.2 por ciento.
Por último, también es de considerarse que todas las instituciones federales de educación superior deben ser apoyadas en su presupuesto ordinario, y que al menos debieran observar la variación que presentan la UNAM, el IPN y la UAM, habida cuenta de que algunas disminuyen sus recursos o se mantienen igual que en 2013.
De atenderse por los legisladores estas omisiones, 2014 podrá ser un año que detone una nueva dinámica de interacción entre los diversos actores relacionados con el desarrollo de la educación superior del país y su financiamiento.
Se advierte que desde la ANUIES debe continuarse trabajando para el establecimiento de nuevos esquemas de financiamiento que den certidumbre y sustenten el desarrollo de las universidades en el largo plazo, y por otro lado, se fortalezca la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas.
El CUPIA: fuerza colegiada de las instituciones de educación e investigación pública
El día de hoy y mañana 8 de noviembre, en la Universidad Autónoma de San Luís Potosí, se va a celebrar la XLI reunión del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines, (CUPIA),
un cuerpo colegiado que ha desempeñado un papel estratégico en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES, al configurar y elaborar todas aquellas políticas, proyectos y propuestas que respalden el desarrollo de sus afiliadas.
Durante poco más de dos décadas de existencia, el CUPIA se ha propuesto —con evidentes resultados plausibles— fomentar el desarrollo de una educación e investigación de calidad, y ha sido puente de comunicación con las autoridades educativas de los gobiernos federal y estatales, con otros cuerpos colegiados de la propia ANUIES, y ha sido el principal instrumento de cohesión de la universidades e instituciones afines de carácter público.
El recordatorio de sus orígenes y la reflexión puntual y rigurosa de los retos que hoy enfrenta, y que aquí presentamos, destacan la fortaleza de sus cimientos institucionales y la importancia de sus planteamientos.
tomado de: http://laisumedu.org
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